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Los populares quieren que estos proyectos se sometan al procedimiento de tramitación urgente y que ningún informe solicitado en referencia a estas infraestructuras tenga carácter vinculante
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Plantean que tengan la condición de interés social a efectos de la Ley de expropiación forzosa y así, los bienes afectados se podrían ocupar de forma urgente para la realización de las obras
El partido ecologista EQUO Berdeak denuncia la petición trasladada por el PP para impedir que ningún informe retrase o paralice las interconexiones eléctricas. De forma caprichosa y arbitraria, los populares pretenden cambiar la ley con el propósito de agilizar la puesta en marcha de estas infraestructuras. Así lo han solicitado en las enmiendas registradas enmiendas a la proposición de ley del PSOE sobre el bono social del gas en tramitación.
En Euskadi, esta medida afectaría a la megainfraestructura de interconexión eléctrica submarina proyectada entre Gatika y la estación de Cubnezais- cerca de Burdeos, en la región francesa de Aquitania-. Se trata de un proyecto muy cuestionado por buena parte de la sociedad vasca -6.300 alegaciones ciudadanas presentadas- y sobre el que pesa una reclamación de paralización por parte de la diputada de EQUO en Unidos Podemos, Rosa Martínez. La diputada por Bizkaia considera razonable que, en aras del principio de precaución, el proyecto quede en suspenso hasta que se demuestre su necesidad para el sistema energético, su contribución a los objetivos climáticos y de renovables y su viabilidad económica. Para ello, Martínez solicitó informes económicos y técnicos que justifiquen la construcción de la megainfraestructura submarina, que, de momento, están por llegar. Ahora el PP pretende que esos informes no sean vinculantes. “Estamos ante una auténtica cacicada del PP que pretende legislar a su antojo de forma irresponsable para sacar adelante como sea estas infraestructuras sin tener en cuenta su necesidad. Así es como han reaccionado, temerosos de que nuestra propuesta ponga en duda la continuidad de estos proyectos y abra el debate. Su petición va en contra de los principios de transparencia, información y buen gobierno que deben guiar la política de infraestructuras”, ha lamentado Rosa Martínez.
En esta línea, en sus enmiendas, el PP establece también que estos proyectos reconocidos por las autoridades europeas tengan la condición de interés social a efectos de la Ley de expropiación forzosa. De esta manera los bienes afectados se podrían ocupar de forma urgente para la realización de las obras.