Denunciamos la insistencia del Gobierno vasco en la explotación de energías fósiles, práctica contraria a los objetivos de París

  • La coparticipación de Euskadi en la explotación de gas durante 30 años de una bolsa localizada en La Rioja es, además, una decisión que choca con el artículo 45 de la Constitución, que establece el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente saludable y el deber de los poderes públicos a protegerlo

  • El partido ecologista reclama mayores esfuerzos enfocados a la investigación e impulso de una economía basada en las energías limpias y renovables

EQUO Berdeak lamenta la insistencia del Gobierno vasco en continuar explorando y explotando energías fósiles en vez de dedicar mayores esfuerzos a la investigación e impulso de una economía basada en las energías limpias y renovables.

Tras hacerse pública la coparticipación de Euskadi a través de la Sociedad de Hidrocarburos Shesa, en el consorcio que explotará durante los próximos 30 años los 3.000 millones de metros cúbicos de una bolsa de gas en el yacimiento riojano de Viura, el partido ecologista denuncia que esta decisión es contraria a los acuerdos de París. “La explotación y producción de combustibles fósiles se debe ir abandonando. El Gobierno vasco pregona a los cuatro vientos que transita hacia un nuevo modelo energético pero sigue insistiendo en los hidrocarburos. Así difícilmente vamos lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga bastante por debajo de los dos grados centígrados”, ha declarado la coportavoz de EQUO Berdeak, Erika Martínez.

SHESA participará en dicho consorcio con el 37,6% en un proyecto que generará “grandes beneficios a todos”, según palabras del director de la sociedad, Luis Muñoz.  A juicio de EQUO Berdeak, una correcta gestión del dinero público no sólo debe medirse desde parámetros de rentabilidad económica, sino que debe contribuir a aumentar y garantizar el bienestar para las personas. La utilización de los combustibles fósiles nos lleva a un escenario totalmente contrario a esto, deriva en una peor calidad de vida, una mayor contaminación, y, en consecuencia, en una mayor tasa de enfermedades. “La supuesta rentabilidad económica a la que se apela, se esfuma por el gasto derivado de los tratamientos sanitarios para combatir las enfermedades generadas por la contaminación, se esfuma por el gasto en las medidas de restauración del medio ambiente y en la lucha contra la contaminación producida por el uso de las energías fósiles”, ha remarcado Martínez.

En este sentido, la decisión del Gobierno de explotar gas choca además con el artículo 45 de la Constitución, que establece el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente saludable y el deber de los poderes públicos a protegerlo y conservarlo.