Recientemente ha sido aprobada en Consejo de Ministros la nueva Ley de Mutuas, que refuerza el carácter privado de estas entidades y les otorga nuevas competencias. El Grupo de Trabajo de Salud y Sanidad de EQUO Euskadi rechaza el espíritu de esta ley, que abre la vía a una cada vez mayor transferencia de competencias públicas a estas entidades. De hecho, con esta ley pasan a denominarse “Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social”.
EQUO critica las competencias que, a través de esta ley, se asignan a las Mutuas:
– Conservan las competencias de gestión de determinadas prestaciones económicas a los trabajadores. Esto supone un cuestionamiento injusto de la capacidad de los servicios públicos de empleo de desarrollar dicha actividad.
– Obtienen funciones de control de las bajas por Incapacidad Temporal. La ley permite a las Mutuas proponer el alta de un trabajador a la inspección médica del INSS desde el primer día de baja, existiendo la obligación por parte de éste de atender dicha petición en un plazo inferior a 5 días. Las Mutuas tendrán también la capacidad de declarar injustificadas las incomparecencias de los trabajadores ante propuestas de revisión. Estas medidas priman los criterios económicos sobre los sanitarios, y sobre la recuperación de los trabajadores.
Por otro lado, esta ley demuestra el progresivo alejamiento del Gobierno del Partido Popular de la opción preventiva en la gestión de riesgos laborales. Al no comprometer a la Seguridad Social en su financiación, está forzando la venta o disolución de las Sociedades de Prevención adscritas hasta la fecha a las Mutuas. Estas Sociedades de Prevención se han demostrado hasta ahora eficaces en el control y reducción de la siniestralidad laboral. Por ello, desde EQUO Euskadi rechazamos esta situación, que conducirá a un incremento en la inseguridad laboral de los trabajadores y trabajadoras.
Desde EQUO Euskadi criticamos que, pese al carácter público del dinero que administran, las Mutuas mantengan sueldos astronómicos para sus directivos y reservas privadas. Por ello, proponemos que se supriman sus beneficios indebidos, que parte del dinero que reciben se utilice para financiar las pensiones, y que se incremente el control sobre dichas entidades.
