Ante la falta de instrumentos legales para proteger a los denunciantes, la Unión Europea está a punto de promulgar una nueva legislación que incidirá positivamente en las vidas de las personas que revelan la verdad y denuncian las ilegalidades, las prácticas corruptas y otras acciones. La nueva Directiva Europea de denuncias obligaría a todos los gobiernos de la UE a introducir estándares mínimos de protección para estas personas.
En España, la propuesta de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, continúa empantanada en el Congreso de los Diputados. Y por el momento, somos el único país de los 37 de la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para sus denunciantes de corrupción ni mediante una ley propia, ni en el articulado de otras normas.
Algunas CCAA, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Baleares y Navarra, sí han iniciado los trámites para establecer este tipo de medidas. La última en sumarse para establecer este tipo de medidas ha sido Euskadi, donde desde la coalición a la pertenece EQUO Berdeak (Elkarrekin Podemos) se presentó la iniciativa hace un par de semanas. Incluso la Fiscalía ha puesto de manifiesto la necesidad de adecuar la ley para reforzar la protección de los denunciantes de corrupción.
La nueva Directiva Europea incluirían medidas tales como sanciones para las personas que toman represalias contra los informantes o que intentan callarlos; la obligación de los organismos públicos y privados de establecer canales para recibir informes, y de mantener confidencial sobre la identidad del denunciante. Además también se establecería la protección legal para los denunciantes de manera que si, por ejemplo, incumplen un acuerdo de confidencialidad, no serían responsables de ello.
Recientemente, los gobiernos europeos lograron ponerse de acuerdo sobre su posición en el Consejo Europeo, lo que ahora significa que las negociaciones a tres bandas entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento están en marcha. El objetivo es concluir las negociaciones a mediados de marzo para que se pueda aprobar toda la Directiva antes de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2019.
Desde el Partido Verde Europeo, al que pertenecemos, nuestra principal prioridad es posibilitar que las personas denunciantes informen directamente a los reguladores o autoridades competentes, pero también queremos asegurarnos de que los periodistas estén protegidos y que los denunciantes puedan informar sobre violaciones de los derechos de los trabajadores.
Por eso, lanzamos la campaña #TruthNeedsFriends, hemos llegado a una etapa crítica en el proceso y debemos continuar presionando a los gobiernos europeos, y al Gobierno español, para tener una Ley que proteja a las personas denunciantes y luche contra la corrupción.