- La Ley de Puertos no prevé mecanismos de diagnóstico y adaptación de los espacios portuarios en función de las afecciones del cambio climático a la costa vasca
- La norma deja abierta la puerta a la gestión privada cuando han de tener titularidad pública
EQUO Berdeak considera que el proyecto de Ley de Puertos y Transportes Marítimos del País Vasco debe contemplar medidas de adaptación de los puertos vascos al cambio climático. En la comparecencia de la consejera de Dllo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, para explicar el proyecto de ley, el parlamentario verde, José Ramón Becerra, ha solicitado la inclusión en la normativa de mecanismos de diagnóstico y adaptación de los espacios portuarios ante las afecciones del cambio climático a la costa vasca.
Para el partido ecologista los puertos deben ser un instrumento para el desarrollo de las economías costeras. Sin embargo, la nueva Ley impide a los Ayuntamientos cobrar tributos a las actividades económicas implantadas en el dominio portuario. “En la práctica esto implica que los municipios costeros van a sufrir las servidumbres y molestias asociadas a la actividad económica portuaria, pero sin beneficiarse de la riqueza que dicha actividad genera”, ha criticado Becerra.
El parlamentario de EQUO Berdeak en Elkarrekin Podemos ha reclamado que los puertos sigan teniendo una titularidad y una gestión públicas y ha denunciado que la Ley deje la puerta abierta a una gestión privada. “El nuevo ente público “KAIAK” va a someter al derecho privado la relación con terceras personas para el desarrollo de su actividad; es decir, la contratación de personal y la licitación de obras y contratos. Precisamente estas son las actividades donde es más necesaria la fiscalización para dificultar el clientelismo y las corruptelas”, ha remarcado.
Becerra también ha reprochado la posibilidad contemplada en la Ley de construir infraestructuras logísticas ligadas a todos los puertos vascos. Para reducir los impactos ambientales ha solicitado el incremento del control de los vertidos al mar producidos por las propias actividades portuarias de superficie, así como el establecimiento de exigencias administrativas para las obras de relleno ligadas a las ampliaciones portuarias.