EQUO Euskadi, el partido ecologista, considera que la decisión sobre la desanexión de un barrio o enclave, debe cumplir con unos mínimos democráticos y una base jurídica sólida, a saber:
- Que el sujeto de decisión cuente con un censo electoral oficial y un espacio territorial claramente delimitado.
- Que exista un instrumento jurídico en el que se fije el carácter del pronunciamiento (consultivo o vinculante, las preguntas a realizar, el procedimiento electoral…etc).
- Que exista una campaña electoral con un periodo de tiempo previo a la consulta.
- Que se ejecute el referéndum acorde a la legislación electoral.
Entendemos que todo lo acontecido no responde a estos mínimos y por esto mismo, a pesar de entender y compartir el derecho de desanexión de Igeldo, no podemos estar de acuerdo con el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación de Gipuzkoa.
En palabras de la coportavoz de la formación ecologista, Monika Monteagudo: los que pierden con el mal proceder de los gobernantes son los vecinos, ya que ahora quedan desprotegidos ante un posible cambio de Gobierno que pueda negar servicios básicos a Igeldo hasta que los tribunales decidan sobre el decreto foral que ha decretado la desanexión.
EQUO Euskadi quiere llamar a la colaboración al Gobierno Municipal para solucionar este requerimiento, como ha demostrado que es posible en anteriores ocasiones con pactos entre diferentes grupos, en proyectos como la estación intermodal o el centro Tabakalera.