- Desde la coalición Elkarrekin Podemos no descartan “endurecer la exigencia de responsabilidades políticas a la actual cúpula del departamento de educación por su negligente gestión del servicio”
Los parlamentarios de Elkarrekin Podemos, Joserra Becerra y Edurne García, han exigido hoy a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, Cristina Uriarte, que consensue con los agentes educativos “un calendario y las medidas necesarias para abordar los cambios de calado que precisa el actual sistema de gestión de los comedores escolares, cuya gestión es criticada por las familias, las plantillas y los propios centros educativos”.
El grupo parlamentario ha adelantado hoy en sala de prensa los próximos movimientos que realizará de cara al pleno ordinario de mañana en el que se votará el dictamen de la Comisión de Investigación del fraude de los comedores escolares, cuyas conclusiones acreditan un sobrecoste en la gestión del servicio de comedores de entre 70,8 y 80,2 millones de euros entre 2003 y 2015.
En palabras de Becerra, desde el grupo parlamentario piden a la consejera Uriarte un “calendario cerrado y unos compromisos firmes dirigidos a conseguir en un breve plazo de tiempo el consenso más amplio posible con toda la comunidad educativa, con el fin de poner en marcha un sistema complementario al modelo actual para quienes así lo deseen”, ha explicado.
En ese mismo sentido, García ha reivindicado “un modelo de comedores público y descentralizado” a través de convenios entre el Departamento de Educación y los Ayuntamientos interesados, donde el Gobierno aportaría “el personal y una financiación estable, mientras que los Ayuntamientos gestionarían la elaboración de los menús los centros escolares de su término municipal, bien de forma directa o a través de la contratación pública”.
Los parlamentarios han puesto hincapié en las conclusiones del dictamen que mañana se votarán en el pleno. “Queda acreditada la existencia de un sobrecoste no justificado en la gestión del servicio de comedores de entre 70 y 80 millones de euros, de los cuales entre 42 y 48 millones habrían sido abonados por las familias a través de las cuotas de comedor”.
Por último, han explicado que este dictamen, “por sí mismo, ya sería razón más que suficiente para abordar la introducción de cambios que impidan la repetición futura de pactos entre las empresas adjudicatarias, similares al que se produjo entre los años 2003 y 2015” y señalado “la irresponsabilidad de la consejera de seguir igual que hasta la fecha, algo que nuestro grupo considera inaceptable”.