- La sociedad vasca ha tomado conciencia en los últimos años del grave problema que supone la corrupción y el clientelismo también en Euskadi, donde su microclima no es ajeno a este tipo de prácticas.
Elkarrekin Podemos ha presentado hoy en la Cámara Vasca una Proposición de Ley para asegurar la protección a las personas que denuncian la corrupción en Euskadi.
Según el Eurobarómetro sobre corrupción, el 81% de los europeos no informaron de casos de corrupción siendo conocedores por miedo a represalias, mientras que La Comisión Europea contempla que la implantación de esta norma que proteja a las personas denunciantes supondrían unos beneficios potenciales en la contratación pública de entre 5.800 y 9.600 millones de euros anuales y de entre 50.000 y 70.000 millones de euros en ingresos fiscales.
Ante estas cifras parece imprescindible establecer mecanismos de protección a las personas que realicen dichas denuncias,
La participación ciudadana es uno de los medios más eficaces que existen para exponer y combatir la corrupción política, y como tal, debe ser protegida y fomentada por los poderes públicos.
Por tanto, parecía un objetivo alcanzabe presentar una Proposición de Ley en este parlamento. Sin embargo nos encontramos con que el gobierno manifestó un criterio desfavorable a la toma en consideración de la citada Proposición de Ley, bastante sorprendente.
“Ustedes hoy van a votar en contra de esta Proposición de Ley que es similar a la Directiva europea. Directiva que, como sabrán, es de obligado cumplimiento y que su eurodiputada del PNV, la señora Bilbao votó a favor junto con el señor Jauregi del PSE y el señor Iturgaitz del PP vasco. Y lo hicieron junto con otros 588 europarlamentarios”.
Una iniciativa similar se está tramitando en la actualidad en el Parlament Catalán con el apoyo de Junts Per Cataluya, Ezkerra Republicana de Catalunya, En Comú-Podem, la CUP y también el Partido Socialista de Cataluña. Su parlamentario el Sr. Terradés defendió en su intervención la salvaguarda de la confidencialidad de los denunciantes y la protección efectiva de éstos. «Y, por cierto, tramitada conjuntamente con otra de Ciudadanos. Sin miedos ni complejos” ha señalado Cristina Macazaga
Esta Proposición de Ley establece la protección integral de las personas alertadoras de infracciones contrarias al bien común por parte de las Administraciones públicas y del Sector privado e implanta canales seguros de alerta, con la creación de una Oficina de Alertas ciudadanas e introduce, además, un régimen sancionador. Se aplica a todo el sector público vasco incluyendo también parlamento y universidades y al sector privado de forma amplia, incluyendo partidos políticos, colegios profesionales o sindicatos.
La ley recoge además una serie de derechos de las personas alertadoras como son el derecho a la seguridad, a la indemnidad económica y laboral, el derecho al anonimato, el derecho a ser parte en el proceso o el derecho a la asistencia efectiva y asesoramiento jurídico.
También se establecen una serie de medidas de protección que consisten básicamente en no perder trabajos o, en su caso, contratos.
Macazaga ha concluido señalando que “casi todo el sector público y buena parte del sector privado tienen que facilitar canales de recepción de alertas y nuestra futura Ley de Transparencia no lo va a posibilitar. Con esta Ley, cualquiera puede alertar también a la Oficina de Alertas Ciudadanas e incluso hacer denuncias públicas si lo anterior no ha funcionado. Los organismos que regulan esto están bien, pero es necesario que quien alerte sienta que tiene sus derechos protegidos. Porque es de eso de lo que hoy estamos hablando: de proteger derechos”.