Hace un año, la Comisión Europea anunció una investigación sobre posibles ayudas de estado ilegales a varios clubes de fútbol, entre ellos el Athletic Club. En su anuncio, el Comisario Almunia desligó esta investigación de la financiación del nuevo estadio de San Mamés. Sin embargo es un hecho que varias instituciones vascas aportaron cuantiosos fondos públicos para dicha obra (161 millones en total), y también que las ayudas públicas no terminaron ahí. A día de hoy San Mamés Barria es una instalación de uso exclusivo para el Athletic Club durante los próximos 100 años, a cambio de un alquiler de 500.000 euros anuales, muy por debajo del coste real de dicho alquiler en condiciones de mercado. El supuesto uso público de la infraestructura no es tal, ya que el anunciado polideportivo municipal no se ha construido. Esto constituye un claro trato de favor otorgado a una entidad privada por parte de las instituciones con el dinero de toda la ciudadanía, y un agravio comparativo para toda la sociedad vasca, habida cuenta de que en las dos últimas temporadas el club ha obtenido un superávit global de 65 millones de euros.
Un año después otro club vasco, la Real Sociedad, se ve envuelto en un asunto semejante, a raíz del proyecto de remodelación del estadio de Anoeta. Construido por el Ayuntamiento en 1993, la Real Sociedad tiene reconocido el derecho a utilizarlo gratuitamente hasta 2033. Esto supone una subvención implícita de 60 millones de euros reconocida por el propio club en su contabilidad. Ante la supuesta necesidad de ampliar el estadio, el 1 de diciembre se han publicado las bases del concurso público para la obra y posterior explotación de Anoeta durante otros 40 ó 50 años. Estas bases están pensadas para que la Real Sociedad sea la única entidad que pueda ganar dicho concurso. Principalmente, porque una de sus cláusulas obliga a la entidad adjudicataria a mantener el derecho de uso gratuito a favor de ese club hasta el año 2033. Además de estas ayudas implícitas en forma de alquiler gratuito, se estima que 20 de los 45 millones de euros que costará la ampliación serán aportados por el Gobierno Vasco y por Kutxabank. Mientras tanto, la Real Sociedad ha tenido un superávit de 60 millones de euros en los dos últimos años.
EQUO Euskadi rechaza frontalmente estas ayudas públicas al fútbol profesional. No es admisible que recursos que debieran emplearse en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, se destinen a financiar a entidades que abonan sueldos millonarios a sus trabajadores. Máxime cuando este tipo de actuaciones han estado y están bajo la lupa de la Comisión Europea, pudiendo ser declaradas ilegales y ser objeto de sanción las administraciones que las otorgan.
Además la formación política verde apoya iniciativas como las de la plataforma ciudadana Irabazi Donostia, que recientemente ha solicitado la celebración de un referéndum a nivel municipal para consultar a la ciudadanía acerca del destino de estos fondos públicos que previsiblemente se destinarán a la reforma del estadio de Anoeta. EQUO Euskadi considera necesario que la ciudadanía tenga acceso a toda la información para poder expresar libremente su opinión sobre la conveniencia de destinar recursos públicos a financiar las actividades de entidades privadas.