En fechas pasadas la prensa ha revelado que hasta 67 ex-altos cargos del Gobierno Vasco cobran algún tipo de retribución por parte del Ejecutivo para complementar sus pensiones. Además también se ha sabido que 27 ex-altos cargos socialistas han llevado a los tribunales al Gobierno Vasco por haberse quedado sin este complemento tras la última modificación de la ley. Es posible que, conforme a la legislación actual, esas personas tengan derecho a cobrar esas cantidades, pero… ¿es ético? ¿Es justa una ley que permite tales diferencias entre unas personas y otras?
EQUO Euskadi denuncia que el régimen de pensiones debería ser igual para toda la ciudadanía, independientemente de la profesión, oficio o dedicación que haya tenido durante su vida laboral. La existencia de excepciones o privilegios, tanto a la hora de las cotizaciones como a la hora de las prestaciones, terminan vulnerando el principio de igualdad. Cada persona debe aportar según su capacidad económica y, a la hora de percibir, la pensión pública debe ser concebida como una cantidad mínima para poder llevar una vida digna e independiente.
Por lo tanto, EQUO Euskadi exige una modificación en la Ley de Retribuciones a altos cargos para que se garantice el principio de igualdad para toda la ciudadanía y se produzca la abolición de todos esos privilegios. La formación ecologista considera que el sueldo que perciben los altos cargos durante el ejercicio de sus funciones, así como la pensión que posteriormente les corresponde, son más que suficientes para garantizar un nivel de vida digno, máxime teniendo en cuenta que en este país en los últimos años muchas otras personas en situación de desempleo, pensionistas, viudas y trabajadoras están sufriendo graves recortes de sus derechos sociales y económicos, y han visto rebajado su nivel adquisitivo hasta límites inconcebibles en un Estado que se dice Social y de Derecho.