Equo reclama la aplicación efectiva de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad

El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU.  A día de hoy la situación para este colectivo en riesgo de exclusión social dista mucho de los objetivos planteados.  La cabeza de Lista para el congreso por Gipuzkoa, Pilar García, presentó ayer en Donostia la posición de Equo en relación a este colectivo en riesgo de exclusión social.Donostia 07-11. “Cuando discriminamos por motivos de discapacidad, el individuo afectado pierde su dignidad como persona, nosotros la nuestra como comunidad y muy significativamente, también privamos al conjunto de la sociedad de su aportación”. La candidata realizó estas declaraciones en la presentación de varios de los puntos programáticos de Equo en un acto en Donostia. La convención de la ONU recoge que la discapacidad, o más correctamente, la “Diversidad Funcional” resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás individuos.  Por este motivo, la candidata se reafirmó en el potencial de contribución al bienestar general en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural de este colectivo, subrayando la necesidad de la preservación de su dignidad e independencia individual, la salvaguarda plena de sus derechos y la necesidad de hacer frente a las dificultades diarias a las que se enfrentan.Haciéndose eco de necesidad de concienciación colectiva con respecto a este sector de la población, Pilar García se remitió al texto de la misma convención ratificada por España en 2008 para reclamar mínimamente la aplicación efectiva de ésta ” por medio de políticas transversales que tengan en consideración aspectos como el Diseño Universal, la accesibilidad y la movilidad, las necesidades asistenciales y de apoyo a sus familias… en definitiva todas aquellas medidas que conduzcan a la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás”.